Las madres y padres representantes de la familias hemos reflexionado
profundamente sobre el denominado proceso de flexibilización de tiempos
escolares, regulado por la Orden sobre implantación de Proyectos
educativos de organización de tiempos escolares en Centros públicos de
Educación Infantil, primaria y Especial de Aragón, para su convocatoria
para el curso próximo, publicada en BOA de 19 de febrero de 2016,
conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, queremos trasmitir
al Consejo Escolar nuestra postura unánime y meditada.
A pesar de la inexistencia de normativa, se dio comienzo a un proceso, que en principio pretendía ser un adelanto de trabajo por si en el colegio interesaba participar en dicho cambio.
Lo que comenzó de esta manera, ha terminado, entre otros factores por el manejo de información mal canalizada y sin interlocutor oficial, convirtiéndose en un proceso que ha producido una brecha en la convivencia cotidiana entre familias, polarizándose el debate hacia posturas enfrentadas, en lugar de buscar otras de consenso, desconocemos como se vive esto en el claustro de profesores.
Esto ha provocado la existencia de presiones por miembros de las diversas posturas a los representantes de las familias, sin que por otra parte existiera normativa en base a la cuál tomar una decisión hasta el pasado viernes.
Entendemos que el proceso debería comenzarse hoy, 22 de febrero, debiendo convocarse una reunión para formar la comisión que redacte el proyecto, pudiendo (frente a la situación que se produjo el pasado mes de noviembre) incluirse en la misma a los representantes de las familias que lo deseen, sea cual sea su postura de partida y en un intento de llegar a posiciones de consenso.
También entendemos que la motivación de la normativa, una vez leída la misma, es introducir elementos de mejora en la metodología y organización cotidiana, que favorezcan la innovación y mejore la atención al alumnado presente en las aulas, y no simplemente un proceso de contracción de la jornada.
Nosotros entendemos esta normativa como una oportunidad, y por ello entendemos que debe ser fruto de un proceso calmado y consensuado que busque la máxima participación de todos los miembros de la comunidad educativa.
Frente a los insultos que recibimos, diciendo que no permitimos la democracia si bloqueamos este proceso, estamos completamente seguros de que la democracia es algo mucho más amplio que el simple hecho de depositar un voto un día, y que lo verdaderamente democrático es dar cabida a todas las sensibilidades, en un proceso negociado y lo más consensuado posible, puesto que los cambios que vamos a vivir, ocurra lo que ocurra tras el proceso, son enormes para todos, pero especialmente para nuestros hijos e hijas.
Si se inicia el proceso y no sale adelante por deficiencias en el proyecto entraremos en un periodo de carencia que impedirá a las familias interesadas presentar un nuevo plan hasta dentro de dos años, si se inicia y sale adelante será el proyecto de una minoría, en el que no se ha dado oportunidad de participar a la comunidad.
Desde nuestro punto de vista nada de esto es democrático, y desde nuestro punto de vista nuestra responsabilidad como representantes de las familias es defender los intereses de la mayoría.
Puesto que opinamos que es completamente imposible convocar una comisión representativa y plural, para trabajar en un proyecto con la calidad metodológica, pedagógica, la viabilidad y nivel de participación que nuestros hijos e hijas se merecen, y entregarlo antes del 3 de marzo (10 días), planteamos:
1. Comenzar el proceso de cara a poder presentar un proyecto en una de las siguientes convocatorias, quedando esta propuesta por escrito junto al compromiso de que, en ningún caso, se presentará para entrar en vigor en el curso 2016-17.
Que ese proceso asegure la plena participación, y que toda la información sea oficial y transparente, buscando mecanismos de diálogo y negociación, buscando el mejor proyecto posible, implicando y tratando de rentabilizar, en la medida de lo posible, los enormes recursos humanos en cuanto a conocimientos de innovación que hay entre los miembros del claustro de profesores.
Que el proyecto introduzca elementos de innovación, tal como se exige en la normativa, que vayan más allá de la mera enumeración de buenas intenciones y la concentración del horario, buscando introducir metodologías novedosas e indicadores y mecanismos de evaluación, existiendo el compromiso por parte del claustro de profesores de asumirlas de manera vinculante.
Este punto es debido a que entendemos que la flexibilidad no puede venir solo de las familias y los alumnos, y que la organización novedosa y flexible debe procurar buscar que nuestra escuela sea puntera en innovación, metodologías y formas de convivencia.
2. Que ese proceso comience con una reunión informativa en la que tanto el equipo directivo como miembros representantes de las familias expliquen esta decisión, tratando de buscar la normalidad en la convivencia, que dado el proceso seguido hasta el momento, ha generado un intenso nivel de crispación y malestar, entendiendo que una de las funciones básicas del Consejo Escolar es “Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro” (LOMCE artículo 127g).
Por todo lo expuesto, nuestra posición por los motivos de poca transparencia y mala gestión de la información, no puede ser otra que nuestro voto no afirmativo, al no poder representar al total de la comunidad de familias, y no poder aprobar, en ningún caso, un proceso iniciado en estas circunstancias.
En Zaragoza, a 22 de Febrero de 2016.
Madres y Padres representantes en el Consejo Escolar CEIP Sainz de Varanda
A pesar de la inexistencia de normativa, se dio comienzo a un proceso, que en principio pretendía ser un adelanto de trabajo por si en el colegio interesaba participar en dicho cambio.
Lo que comenzó de esta manera, ha terminado, entre otros factores por el manejo de información mal canalizada y sin interlocutor oficial, convirtiéndose en un proceso que ha producido una brecha en la convivencia cotidiana entre familias, polarizándose el debate hacia posturas enfrentadas, en lugar de buscar otras de consenso, desconocemos como se vive esto en el claustro de profesores.
Esto ha provocado la existencia de presiones por miembros de las diversas posturas a los representantes de las familias, sin que por otra parte existiera normativa en base a la cuál tomar una decisión hasta el pasado viernes.
Entendemos que el proceso debería comenzarse hoy, 22 de febrero, debiendo convocarse una reunión para formar la comisión que redacte el proyecto, pudiendo (frente a la situación que se produjo el pasado mes de noviembre) incluirse en la misma a los representantes de las familias que lo deseen, sea cual sea su postura de partida y en un intento de llegar a posiciones de consenso.
También entendemos que la motivación de la normativa, una vez leída la misma, es introducir elementos de mejora en la metodología y organización cotidiana, que favorezcan la innovación y mejore la atención al alumnado presente en las aulas, y no simplemente un proceso de contracción de la jornada.
Nosotros entendemos esta normativa como una oportunidad, y por ello entendemos que debe ser fruto de un proceso calmado y consensuado que busque la máxima participación de todos los miembros de la comunidad educativa.
Frente a los insultos que recibimos, diciendo que no permitimos la democracia si bloqueamos este proceso, estamos completamente seguros de que la democracia es algo mucho más amplio que el simple hecho de depositar un voto un día, y que lo verdaderamente democrático es dar cabida a todas las sensibilidades, en un proceso negociado y lo más consensuado posible, puesto que los cambios que vamos a vivir, ocurra lo que ocurra tras el proceso, son enormes para todos, pero especialmente para nuestros hijos e hijas.
Si se inicia el proceso y no sale adelante por deficiencias en el proyecto entraremos en un periodo de carencia que impedirá a las familias interesadas presentar un nuevo plan hasta dentro de dos años, si se inicia y sale adelante será el proyecto de una minoría, en el que no se ha dado oportunidad de participar a la comunidad.
Desde nuestro punto de vista nada de esto es democrático, y desde nuestro punto de vista nuestra responsabilidad como representantes de las familias es defender los intereses de la mayoría.
Puesto que opinamos que es completamente imposible convocar una comisión representativa y plural, para trabajar en un proyecto con la calidad metodológica, pedagógica, la viabilidad y nivel de participación que nuestros hijos e hijas se merecen, y entregarlo antes del 3 de marzo (10 días), planteamos:
1. Comenzar el proceso de cara a poder presentar un proyecto en una de las siguientes convocatorias, quedando esta propuesta por escrito junto al compromiso de que, en ningún caso, se presentará para entrar en vigor en el curso 2016-17.
Que ese proceso asegure la plena participación, y que toda la información sea oficial y transparente, buscando mecanismos de diálogo y negociación, buscando el mejor proyecto posible, implicando y tratando de rentabilizar, en la medida de lo posible, los enormes recursos humanos en cuanto a conocimientos de innovación que hay entre los miembros del claustro de profesores.
Que el proyecto introduzca elementos de innovación, tal como se exige en la normativa, que vayan más allá de la mera enumeración de buenas intenciones y la concentración del horario, buscando introducir metodologías novedosas e indicadores y mecanismos de evaluación, existiendo el compromiso por parte del claustro de profesores de asumirlas de manera vinculante.
Este punto es debido a que entendemos que la flexibilidad no puede venir solo de las familias y los alumnos, y que la organización novedosa y flexible debe procurar buscar que nuestra escuela sea puntera en innovación, metodologías y formas de convivencia.
2. Que ese proceso comience con una reunión informativa en la que tanto el equipo directivo como miembros representantes de las familias expliquen esta decisión, tratando de buscar la normalidad en la convivencia, que dado el proceso seguido hasta el momento, ha generado un intenso nivel de crispación y malestar, entendiendo que una de las funciones básicas del Consejo Escolar es “Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro” (LOMCE artículo 127g).
Por todo lo expuesto, nuestra posición por los motivos de poca transparencia y mala gestión de la información, no puede ser otra que nuestro voto no afirmativo, al no poder representar al total de la comunidad de familias, y no poder aprobar, en ningún caso, un proceso iniciado en estas circunstancias.
En Zaragoza, a 22 de Febrero de 2016.
Madres y Padres representantes en el Consejo Escolar CEIP Sainz de Varanda
No hay comentarios:
Publicar un comentario