ESPAÑA no puede permitirse otro fracaso en la formación profesional (FP)
de sus jóvenes. Durante los primeros pasos de la democracia española se
eliminó de la legislación laboral el viejo sistema de aprendizaje
vigente entonces por considerarse que suponía una explotación de la
juventud, y con el tiempo no se ha encontrado ninguna nueva fórmula
eficaz para combinar la formación profesional con la integración en las
empresas. Ni gobiernos, ni patronal, ni sindicatos han conseguido
arbitrar una alternativa que tenga éxito. Desde entonces, la mayoría de
la formación profesional impartida ha sido de mala calidad y además,
debido a la instauración de los contratos temporales, se condenó a los
jóvenes a una interinidad laboral permanente que dificulta aún más su
preparación y especialización.
El sistema de formación dual ahora implantado, copiado del que se aplica en Alemania, se había visto como la gran esperanza para resolver el aprendizaje de los jóvenes y su progresiva integración en el mercado laboral, por la vía de combinar estudios y trabajo.
Ahora se comprueba que las condiciones legales, administrativas y educativas que se han fijado para el funcionamiento de la llamada formación dual son adecuadas para las empresas medianas y grandes, de las que en Alemania hay muchas, pero no tanto para las pequeñas empresas y mucho menos para las microempresas, que en España son la gran mayoría. El resultado es que no surgen las suficientes empresas españolas interesadas en adoptar el nuevo sistema de formación dual. Puede tratarse de un problema de insuficiente promoción del sistema. Pero lo que es evidente es que ha habido un grave error de cálculo y de planteamiento.
Para alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno en Catalunya, por ejemplo, deberían implicarse veinte mil empresas y sólo lo han hecho 166. Y de los cien mil alumnos que este año han cursado formación profesional, sólo se han apuntado seiscientos.
No sería bueno esperar diez años para corregir los errores, habría que hacerlo cuanto antes y adaptar el sistema a la realidad española. Para ello sería necesario establecer un elevado grado de flexibilidad que fuera capaz de hacer atractiva la incorporación de un aprendiz a las pequeñas empresas y las microempresas. No optar por este camino, por el temor a que se pudieran producir casos de explotación laboral -en cualquier caso, siempre perseguibles legalmente-, supone negar nuevamente una oportunidad de progreso a la juventud española y mantener sobre ella la condena de la mala formación profesional y del paro.
El sistema de formación dual ahora implantado, copiado del que se aplica en Alemania, se había visto como la gran esperanza para resolver el aprendizaje de los jóvenes y su progresiva integración en el mercado laboral, por la vía de combinar estudios y trabajo.
Ahora se comprueba que las condiciones legales, administrativas y educativas que se han fijado para el funcionamiento de la llamada formación dual son adecuadas para las empresas medianas y grandes, de las que en Alemania hay muchas, pero no tanto para las pequeñas empresas y mucho menos para las microempresas, que en España son la gran mayoría. El resultado es que no surgen las suficientes empresas españolas interesadas en adoptar el nuevo sistema de formación dual. Puede tratarse de un problema de insuficiente promoción del sistema. Pero lo que es evidente es que ha habido un grave error de cálculo y de planteamiento.
Para alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno en Catalunya, por ejemplo, deberían implicarse veinte mil empresas y sólo lo han hecho 166. Y de los cien mil alumnos que este año han cursado formación profesional, sólo se han apuntado seiscientos.
No sería bueno esperar diez años para corregir los errores, habría que hacerlo cuanto antes y adaptar el sistema a la realidad española. Para ello sería necesario establecer un elevado grado de flexibilidad que fuera capaz de hacer atractiva la incorporación de un aprendiz a las pequeñas empresas y las microempresas. No optar por este camino, por el temor a que se pudieran producir casos de explotación laboral -en cualquier caso, siempre perseguibles legalmente-, supone negar nuevamente una oportunidad de progreso a la juventud española y mantener sobre ella la condena de la mala formación profesional y del paro.
FUENTE: La Vanguardia
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